“LA DISCRIMINACIÓN FÁCTICA DEL OFENDIDO EN EL PROCESO PENAL MICHOACANO”

Los derechos procesales de la víctima en el juicio penal, no pueden estar solo elevados a garantías individuales ya que en la práctica en nada beneficia que se encuentren plasmados en nuestra carta magna si no existen regulados en las leyes secundarias que se aplican, ello atendiendo al reclamo del sujeto pasivo del delito, que es el reivindicarle un equilibrio procesal en el juicio penal, evidentemente sin que implique un desequilibrio procesal ahora en perjuicio del indiciado. Es por ello que, a mi juicio la ubicación adecuada, jurídicamente pertinente, de tales prerrogativas, es la que le corresponde en una ley secundaria, como lo es el Código Procesal Penal de nuestra Entidad, eso sí, de los principios esenciales que las autoridades están obligadas a salvaguardar, a favor de la víctima, durante la secuela del procedimiento criminal. Dicha adecuación de nuestro código adjetivo de la materia que se propone, es reglamentaria del último párrafo del artículo 20 Constitucional (apartado c), porque, en efecto, el Estado está obligado a garantizar un mínimo de participación, de apoyo y de equidad a quien sufra, en su persona, en sus bienes o e su honor, una lesión que puede trastornar su vida futura y que, por tanto, deber ser atendida por el Estado para brindarle su resarcimiento más amplio. Así como el Estado está obligado a hacer respetar la ley y los derechos humanos de los indiciados cuando son sometidos a un proceso criminal, así, de igual manera, el Estado está obligado a velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas de apoyo que cubran los espacios vacíos que a la fecha existen para el el ofendido pueda rehabilitarse, si no en todo, en la mayor medida posible del daño sufrido